Los oaxaqueños estamos en todas partes en Los Angeles y en lugar de llamarnos ‘oaxaquitas’, nos reconocen por lo que damos a esta ciudad multicultural: trabajo, cultura, arte, aportaciones académicas y económicas, medicina tradicional, saberes ancestrales, comida y fiestas, muchas fiestas.
Hoy en la alcaldía de Los Angeles, representantes del alcalde Eric Garcetti otorgaron un reconocimiento oficial a los representantes y organizadores del Mes de la Herencia Oaxaqueña que por segundo año, realizan un mes completo de actividades similares a las que se celebran en Oaxaca (ver información adjunta del calendario de eventos).
Ejecutantes de la Danza de la Pluma
Asistieron a la ceremonia, líderes de la comunidad oaxaqueña como el sociólogo mixteco Gaspar Rivera Salgado, uno de los fundadores del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) –organización con 23 años de lucha a nivel binacional- y Odilia Romero, actual asesora del frente; el joven Isaí Pazos, presidente de la Organización Regional de Oaxaca (ORO), esta organización lleva casi tres décadas realizando la Guelaguetza en Los Angeles, y por parte de la Asociación Oaxaqueña de Negocios (AON), estuvieron presentes Edgar Ruiz y Gabriel Cruz.
De igual manera, participaron integrantes del Grupo Folclórico Huaxyacac, que lleva 25 años de representar a la cultura oaxaqueña y que es encabezado por la maestra Graciela Molina.
Asistieron también representantes de negocios como Valentín Granja, del restaurante Sabores Oaxaqueños y miembros de la comunidad.
En representación del alcalde Eric Garcetti, destacaron las contribuciones de la comunidad oaxaqueña, Frank Aguirre y Linda López. A nombre del concejal José Huízar, habló Rocío Hernández y también estuvo presente el concejal Curren D. Price.
Sin lugar a dudas, la ciudad global de Los Angeles ya no puede ser pensada sin los oaxaqueños.
¡Gracias a Los Angeles por darnos la oportunidad de practicar la acción de dar y recibir que nuestros abuelos llamaban Guetza!
La directora ejecutiva de la Red Mx, Angela Sanbrano, pide a concejales de la ciudad de Bell, que apoyen la apertura de un albergue para niños migrantes.
Con el respaldo de los miembros del concejo de la Ciudad de Bell, alrededor de 150 niños migrantes centroamericanos pronto podrían contar con un albergue provisional establecido por la organización no lucrativa Salvation Army.
Angela Sanbrano, directora ejecutiva de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx), fue una de las muchas personas que se presentaron el 23 de julio ante el concilio de la ciudad de Bell para pedir el apoyo de la ciudad para iniciar el proceso de apertura de dicho refugio temporal.
El alcalde de Bell, Néstor Enrique Valencia anunció días antes que pediría a sus colegas concejales, apoyar una carta que -una vez aprobada por unanimidad- fue enviada al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en respaldo a la solicitud de fondos federales por parte del Salvation Army.
Esta organización planea establecer el refugio provisional para los niños en un edificio de su propiedad que anteriormente era usado como bodega de carga y que existe desde hace 28 años.
El 8 de julio, el presidente Barack Obama solicitó al congreso estadounidense, 3.7 billones de dólares en fondos de emergencia para abordar el flujo de niños migrantes centroamericanos. La mayoría de estos fondos serían usados para dar albergue a los niños y familias migrantes, agilizar la deportación y para la prevención de futuros cruces fronterizos.
De acuerdo al economista Dean Baker, la cantidad requerida por Obama sólo representa una décima parte del uno por ciento del total del presupuesto federal.
El 23 de julio, senadores demócratas anunciaron que van a proponer fondos de emergencia para enfrentar la crisis humanitaria pero reducidos a 2.7 billones de dólares, de los cuales aproximadamente 1.2 billones serían canalizados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS); 1.1 billones serían para agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); el Departamento de Estado recibiría 300 millones de dólares, mientras que 124 millones de dólares serían destinados al Departamento de Justicia.
Concejales de Bell aprobaron con voto unánime la moción presentada por el alcalde Enrique Valencia, en respaldo al Salvation Army para abrir albergue para niños migrantes.
La sesión del concilio en la que se aprobó el apoyo de la ciudad de Bell, se prolongó por casi cuatro horas. Residentes de la ciudad, activistas en favor de los derechos de los inmigrantes, miembros de organizaciones comunitarias y algunas autoridades de ciudades vecinas, llenaron el salón de sesiones del concejo.
Para poder solicitar su intervención a favor y en contra, los miembros del público tuvieron que esperar en una larga fila para poder expresar sus comentarios.
En su intervención frente al concejo de Bell, Angela Sanbrano se refirió a la petición hecha al presidente Barack Obama para que cumpla la ley Willberforce del 2008 , la cual protege a menores inmigrantes centroamericanos, de las deportaciones inmediatas y les da derecho a apelar sus casos ante un juez de inmigración.
“Se trata de una situación humanitaria y no política”, dijo Angela Sanbrano, también presidente de la mesa directiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).
En lugar de manifestaciones de odio como ocurrió cuando apenas se dio a conocer la llegada de los menores migrantes en la ciudad de Murrieta, California, un gesto humanitario para los niños migrantes es ofrecerles un refugio. Es necesario que más ciudades se sumen al ejemplo de Bell, estableciendo santuarios para migrantes menores, indicó Angela Sanbrano.
Miembros de la comunidad hicieron fila para manifestar su apoyo a los niños migrantes centroamericanos.
Las posiciones en contra de albergar a los niños migrantes en la ciudad de Bell, giraron en torno a: 1) que los padres de los menores son los responsables de poner en riesgo a sus hijos a sabiendas de los peligros que enfrentan en la travesía de las fronteras y que Estados Unidos no tiene por qué responder por ellos, 2) que la ciudad de Bell debe resolver los problemas de la juventud que vive en la ciudad en lugar de “resolver problemas ajenos”, 3) que la ciudad de Bell ya enfrenta muchos problemas de pandillas y graffiti, 4) que los menores han violado la ley al entrar ilegalmente al país y 5) que el respaldo al albergue es un movimiento político de los concejales.
Los argumentos a favor de los niños migrantes se centraron en: 1) que se trata de un asunto de carácter humanitario; que se deben tomar en cuenta todas las violaciones a los derechos humanos que ellos han enfrentado para llegar a Estados Unidos y que aparte de un techo donde vivir mientras son procesados, los menores necesitan atención psicológica y abogados; 2) que los niños inmigrantes no son criminales sino que vienen en busca de sus familias y que en un futuro van a aportar cosas positivas a este país, 3) que la razón por la que miles de niños han emigrado a Estados Unidos es porque previos gobiernos estadounidenses han afectado a los países centroamericanos a través de políticas que han impuesto sobre éstos. 4) Que la mayoría de niños inmigrantes al sur de la frontera tienen derecho de buscar refugio en Norteamérica porque son nativos de este continente. Una mujer se refirió a ellos como niños lencas, pipiles, mayas y aztecas.
El voto unánime de los concejales de la Ciudad de Bell envía un mensaje a la nación que demuestra que en tiempos de difíciles para nuestra comunidad migrante, la ciudad de Bell es un ejemplo de compasión y entendimiento acerca de la urgencia de dar refugio a estos niños y niñas que necesitan todo nuestro apoyo y solidaridad.
A nombre de la Red Mexicana, Angela Sanbrano: asanbrano@nalacc.org (323) 371-7305.
###
La Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red MX) fue fundada en 2007 para coordinar y promover políticas públicas en favor de sus comunidades en los Estados Unidos y en sus lugares de origen es integrada por 40 organizaciones migrantes así como individuos en los estados de Texas, California, Illinois, Carolina del Norte, Virginia, Georgia, Nueva York, Nuevo México e Indiana, en Estados Unidos. En la República Mexicana, cuenta con representantes en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala y Yucatán.
Visite la página de Facebook de la Red Mx y la página web:
Las muestras de apoyo y solidaridad con las familias y niños migrantes detenidos mientras son procesados por las autoridades migratorias, fueron contundentes en la ciudad de Murrieta, California.
Familias de distintos grupos étnicos – incluyendo niños, niñas y jóvenes-, religiosos de varias iglesias, activistas por los derechos humanos de los migrantes y residentes locales participaron en la vigilia como parte del día de acción nacional de apoyo a las familias refugiadas.
La manifestación fue organizada a nivel local por una decena de grupos comunitarios encabezados por la Coalición de Justicia para Inmigrantes de Inland Empire-Sur de California.
El 30 de junio, 140 madres y menores indocumentados centroamericanos fueron atacados verbalmente por un nutrido grupo antinmigrante que bloqueó tres autobuses en los que eran transportados al centro de detención de Murrieta.
Los adultos de esas familias fueron llevados al centro de detención de la Patrulla Fronteriza de la estación de San Ysidro, en San Diego y los menores, trasladados a la estación Boulevard, también en el condado de San Diego.
Frente a las expresiones de odio y rechazo manifestadas en Murrieta la semana pasada, más de 400 personas se congregaron el miércoles 9 de julio, a un costado del edificio municipal para expresar su respaldo a los inmigrantes.
Muchos manifestantes eran residentes de Murrieta, otros llegaron de ciudades de la región conocida como Inland Empire, que comprende los condados de Riverside y San Bernardino. También llegaron de otras ciudades del sur de California y hasta de Arizona.
Lo que comenzó con una concentración pequeña desde las 3:00 de la tarde frente al edificio de la ciudad, se convirtió con el paso de las horas, en una congregación numerosa, enmedio de un ambiente de fiesta en el que prevalecía un ánimo de fraternidad.
La pequeña ciudad de Murrieta se convirtió desde hace unos días en el foco de la atención nacional por las diferentes posturas sobre la migración: han florecido expresiones de tolerancia y humanismo, como también de cerrazón y rechazo.
Cuando se dió a conocer que las autoridades trasladarían a las familias migrantes, apareció en el sitio de internet de la ciudad una advertencia: “Murrieta se opone a la llegada de migrantes ilegales”. Hubo versiones de que el alcalde de la ciudad, Alan Long fue uno de los se opusieron a que las familias fueran albergadas en la ciudad.
Javier Hermosillo, encargado de comunicación de la ciudad explicó que la razón por la que la ciudad se opuso a que los niños fueran llevados a la cárcel de migración local es porque ese centro no reúne las condiciones adecuadas para hospedarlos ya que tiene capacidad para 200 personas y solamente habría un baño para 30 niños. Negó que el rechazo de las autoridades se haya debido a motivos racistas.
Padres en espera de sus hijos
Elba y Angel son una pareja de inmigrantes guatemaltecos que viven en el área de San Bernardino desde hace seis años. Al igual que miles de padres de familia centroamericanos, esperan reunificarse con sus pequeños hijos, una niña de diez años y un pequeño de siete, actualmente detenidos en un albergue instalado en El Paso, Texas.
“En estos momentos mi anhelo sólo es abrazar a mis hijos, tener a mis hijos, decirles que los amo”, dijo Elba frente a las personas reunidas. Debido a que su caso está siendo procesado, los abogados recomendaron a esta pareja no emitir declaraciones a los medios de comunicación ni dar detalles de la situación legal de su familia.
Angela Sanbrano, directora ejecutiva de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red MX) dijo que es necesario utilizar todos los recursos posibles para lograr que el gobierno de Estados Unidos respete la ley y proteja a los miles de menores que han cruzado las fronteras huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
Se refirió a la ley HR 7311, el acta de protección a las víctima de tráfico humano aprobada por el congreso estadounidense en el 2008 y firmada por el presidente George Bush que entre otras cosas, establece provisiones para mejorar el trato de todos los niños inmigrantes no acompañados que sean localizados en las fronteras de Estados Unidos, así como mejorar su atención y custodia si permanecen en el interior del país.
Esta ley requiere que los niños sean sometidos a un proceso legal para que se determine si pudieran ser víctimas de tráfico o tuvieran un temor fundado de persecusión en sus países de origen. En caso de que esta determinación no pueda hacerse en 48 horas, deben ser transferidos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Pequeños solidarios.
En este momento, el presidente Barack Obama así como varios legisladores republicanos y hasta algunos demócratas están buscando modificar esta ley para poder deportar a los menores sin la posibilidad de que sean sometidos al debido proceso que establece la ley.
En opinión de Angela Sanbrano, lo que menos se desea para las madres de familia y menores que han atravesado muchas tribulaciones para llegar a Estados Unidos, es ser recibidos con hostilidad y que no se les respeten sus derechos humanos.
Respecto a las agresiones desplegadas por los grupos antinmigrantes, en Murrieta, Sanbrano dijo que resulta indignante la forma en que actuaron algunos miembros de esa comunidad.
“Nosotros en la Red Mexicana estamos participando en esta vigilia de apoyo a las familias y los niños que vienen huyendo de la violencia y persecusión en sus países de origen.Lo menos que las mamás y los niños necesitan es ser recibidos con expresiones de rechazo y violencia. Debemos de apoyarlos y recibirlos como refugiados de la violencia de la que están huyendo”, dijo.
Crisis humanitaria
De acuerdo al periódico New York Times, 52 mil menores no acompañados procedentes en su mayoría de países centroamericanos, han cruzado la frontera estadounidense desde octubre del año pasado. Las autoridades esperan el ingreso de 90 mil menores no acompañados para este año.
Ante la falta de capacidad de albergue en los centros de detención fronterizos, las autoridades han habilitado tres bases militares para mantener a los menores ya que no pueden permanecer en los centros de detención migratorios para adultos.
El dirigente comunitario Emilio García, integrante de la Coalición de Justicia para los Migrantes dijo que existen tres categorías que forman parte de esta última ola migratoria: 1) Menores que cruzan solos las fronteras hasta llegar a territorio de Estados Unidos. Los que tienen familiares en el interior, pueden ser dejados en libertad en caso de que califiquen para permanecer en el país. Después de ser procesados por las autoridades migratorias pueden solicitar un estatus de refugiados que huyen de persecusión o violencia. 2) Madres de 18 a 35 años que viajan con sus hijos pequeños y, 3) Padres que después de ser detenidos son puestos en libertad para que diriman sus casos ante la corte. A estas personas les colocan un grillete electrónico en un pie para monitorear sus movimientos hasta que se presenten ante un juez de migración.
Voces por la humanidad
Los participantes en la vigilia hicieron énfasis en que se está viviendo una situación de crisis humanitaria que debe tratarse como tal. La rabina Singer, de Riverside, compartió su experiencia migratoria. Dijo que su madre fue una sobreviviente del holocausto perpetrado por los nazis; relató que 900 judíos que intentaban ingresar en un barco a este país fueron rechazados y como consecuencia de ello, 250 personas murieron. Hizo un llamado apoyar a las familias migrantes.
Niala Terrel-Mason, de la iglesia Unitaria Universalista, habló de los recorridos que ella y un grupo de voluntarios han hecho por la ruta migratoria en el desierto de Arizona. Dijo que han sido testigos de la tragedia que representa la migración indocumentada: han visto restos humanos y otras evidencias del dolor que representa la migración.
La migración es un fenómeno extremadamente complicado en el que están de por medio muchas vidas humanas, por ello, es urgente mostrar solidaridad en tanto los gobiernos no resuelvan de raíz las causas de este problema. Por su parte, tres personas en contra de la migración se presentaron a la manifestación para expresar su rechazo a las familias migrantes.
Una mujer de alrededor de 60 años, dijo estar en contra de la presencia de familias migrantes porque su detención implica un enorme gasto para las ciudades que las alojan. Esos recursos, consideró, deberían ser canalizados a los veteranos estadounidenses.
En una apasionada discusión con un joven de la comunidad migrante, la mujer admitió que ella es descendiente de migrantes europeos que llegaron a este país pero argumentó que ellos lo hicieron legalmente.
La presencia de integrantes del grupo racista Minutemen, creó un poco de tensión entre los asistentes. Un hombre de la comunidad increpó al minuteman cuestionándolo por no ser ni siquiera residente de Murrieta. Se corrió la voz que en la estación migratoria del poblado, había apostadas aún entre 15 y 20 manifestantes opositores a las familias migrantes.
A pesar de todo, las muestras de aceptación y empatía con los migrantes y sus familias fue más grande que la animosidad y desprecio. Casi al final de la manifestación, una residente del área llegó con un camión lleno de víveres, ropa y productos de uso personal para los migrantes.
En su máxima capacidad, la base naval militar de Port Hueneme, en el condado de Ventura, California, albergaba el martes 8 de julio, a 575 migrantes menores no acompañados que fueron detenidos por agentes migratorios. Desde hace poco más de un mes, todos los días entran y salen de este refugio provisional, cientos de niños y niñas en su mayoría procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Claudia y Kathy, al igual que Daniel, José y William, se encuentran entre los cientos de adolescentes de entre 13 y 17 años, que esperan ser reunificados con sus familiares que viven en distintas ciudades de Estados Unidos; ser transferidos a centros de cuidado de menores, o en el peor de los casos, regresar a sus países de origen.
A igual suerte se han enfrentado miles de menores de entre 6 y 18 años que han pasado o se encuentran en la Base de la Fuerza Aérea Lackland, en San Antonio, Texas y el Fuerte Still, en Lawton, Oklahoma. Está por darse a conocer la apertura de un cuarto albergue en Washington D.C.
“Cuando vi a estos niños, me vi a mí misma”, dijo entre lágrimas Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), quien formó parte de una delegación de observadores integrada por obispos de iglesias de varias denominaciones, clérigos y organizaciones de derechos humanos que ingresaron al albergue de Port Hueneme.
A diferencia del rechazo que la presencia de los menores desató días atrás en la ciudad de Murrieta por parte de grupos anti-inmigrantes, la comunidad del condado de Ventura dio la bienvenida a los menores.
En las afueras de la base militar de Hueneme, cientos de manifestantes se congregaron para expresar el respaldo hacia los niños como un gesto de “humanidad y compasión” y a la vez, escuchar el reporte de la delegación de observadores que recorrieron el interior las instalaciones militares.
Alrededor de las 11:00 de la mañana, una caravana en apoyo a los menores migrantes partió del Centro Laboral de UCLA en el área del parque McArthur de Los Angeles, encabezada por la Red Nacional de Jornaleros y CARECEN , con la participación de otras organizaciones de migrantes centroamericanos y mexicanos como la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx).
Como parte de la caravana en apoyo a los menores detenidos, la directora ejecutiva de la Red Mexicana, Angela Sanbrano destacó la importancia de que la comunidad mexicana se pronuncie en solidaridad con los niños centroamericanos detenidos.
Dijo que la tarea más importante en estos momentos es “asegurar que los niños no sean deportados a sus lugares de origen de donde vienen huyendo de la violencia y persecusión por parte del crímen organizado”.
La caravana se encontró un par de horas más tarde, con el grupo de observadores que ingresaron al albergue instalado en la base militar de Hueneme.
Los obispos Minerva Carcaño, de la Iglesia Unida Metodista de Los Angeles, John Bruno, de la Iglesia Episcopal de Los Angeles, Juan Carlos Méndez, de la Iglesia Bautista Bethel así como Vanessa Frank, presidenta de Clérigos y Laicos por la Justicia Económica (CLUE), entre otros, fueron parte de la delegación de observadores.
También se hicieron presentes la vice-alcaldesa de Oxnard, Carmen Ramírez y los senadores Kevin de León y Ricardo Lara (éstos últimos sólo dieron entrevistas a los medios de comunicación a unas cuadras de la entrada de la base militar).
Los sentimientos de madre fueron los que afloraron en Martha Arévalo quien en medio del llanto confesó: “cuando los vi sonriendo, sabía que ellos tenían miedo y que estaban solos. Como padres a veces tenemos que tomar decisiones difíciles y estos padres y estos niños tienen que tomar decisiones de vida o muerte y no se trata de (que oyeron que están dando) amnistía en Estados Unidos o lo que la gente piensa que es, sino que se trata de sobrevivencia”.
Recordó que las causas que han empujado a los menores a dejar sus hogares es la violencia que se ha recrudecido en varios países centroamericanos como secuelas de décadas de guerra civil, la llamada guerra contra las drogas, así como la existencia de pandillas y carteles de la droga.
“Están viniendo porque viven en la pobreza, son comunidades que se están recuperando de la guerra civil en sus países, tratando de sobrevivir el crímen de las pandillas y narcotraficantes”, subrayó Arévalo.
También destacó que debido a estas condiciones, los menores y sus familias “están tomando decisiones de vida o muerte y están cruzando la frontera, caminando por días enteros”.
Angela Sanbrano de la Red MX coincidió en que la presente se trata de una situación de crisis humanitaria que demanda una respuesta de emergencia por lo hizo un llamado a la unidad entre los miembros y organizaciones de la comunidad para apoyar a los niños.
La comunidad de Ventura donde se encuentra la base militar tuvo una presencia importante. Entre los voluntarios destaca Jessica Flanagan, quien desde un principio comenzó a organizar donaciones por parte de la comunidad local para apoyar a los pequeños migrantes detenidos.
Otros entusiastas en mostrar su solidaridad con los menores fueron varios grupos de jóvenes, entre ellos, varios de la comunidad migrante mixteca de la organización MICOP. “Sin papeles y sin miedo, nuestros niños se quedan aquí”, gritaban en inglés los jóvenes que portaban pancartas de apoyo.
De acuerdo al testimonio de los observadores que ingresaron a la base militar de Hueneme, los menores se encuentran en buenas condiciones. Su rutina diaria consiste en levantarse a las 6:30 de la mañana, tomar un baño; en sus respectivos horarios, hacen tres comidas al día y duermen sobre literas.
Los detenidos reciben clases de inglés y tienen acceso a espacios recreativos donde juegan fútbol; pueden participar en servicios religiosos tres veces a la semana y también tienen servicio de corte de cabello.
Cuentan con la atención de psicólogos, servicios sociales, una clínica y la atención de enfermeras, así como de un médico en caso de ser requerido.
Integrantes de la comisión de observadores indicaron que al parecer, el albergue instalado en Port Hueneme estará en servicio otros cuatro meses más. Este albergue es operado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Defensa.
Una vez que los menores son arrestados por agentes migratorios, son enviados a centros de detención y ante la falta de espacio, han sido enviados a instalaciones federales.
El proceso para decidir la situación de cada menor se determina en un par de semanas; sin embargo, éste apenas es el inicio de un largo proceso que incluye la reunificación con las familias (caso en el que se encuentran alrededor de un 80 por ciento de menores); ser remitidos a centros de cuidado de menores o en su defecto, ser deportados a sus países de origen.
El proceso de quienes se quedan a enfrentar sus casos de manera legal puede definirse hasta en cinco años.
Facts, Opinions and Perceptions 