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Familias Divididas Aún con la Acción Ejecutiva de Obama, la Lucha Continúa: Red MX

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

Los Angeles, California a 24 de noviembre del 2014.

Contacto:

Angela Sanbrano-Los Angeles: (323) 371 7305

José Luis Gutiérrez-Chicago: (773) 8518482

Claudia Lucero- Omaha, Nebraska: (773) 8585345

Los Angeles, CA.- Aunque reconocemos que la acción ejecutiva decretada por el Presidete Barack Obama protegerá de las deportaciones a unos 5 millones de personas, alrededor de 6 millones quedaron fuera  por lo que las organizaciones migrantes continuaremos la lucha hasta que los derechos plenos de los migrantes y sus familias sean reconocidos de manera permanente y se garantice que las familias se mantengan unidas.

Desde la perspectiva de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx), la acción ejecutiva anunciada por el presidente Obama el 20 de noviembre, tiene las siguientes implicaciones:

1) La Acción Diferida para Padres de ciudadanos o residentes legales sólo tendrá vigencia por tres años.

2) Excluye a unas seis millones de personas entre ellas: a) padres de dreamers b) trabajadores del campo o la ciudad cuyas familias están en México o cuyos hijos no son ciudadanos o residentes, c) personas solteras o sin hijos ciudadanos o residentes (entre ellos, miembros de la comunidad gay y lesbiana).

3) La medida del presidente Obama es provisional e incompleta y da lugar a la violación sistemática de los derechos de las personas que se ven obligadas a salir de sus países de origen, por lo que se requieren soluciones permanentes y arreglar de manera integral el sistema migratorio de Estados Unidos.

Lo positivo:

  • Amplía el margen de la población elegible para el programa de Acción Diferida para quienes fueron traídos de pequeños (DACA), para jóvenes que llegaron a este país antes de cumplir los 16 años de edad y que han estado físicamente presentes en el país desde el 1 de enero de 2010 o antes; extiende el periodo de DACA y autorización de empleo de dos a tres años.
  • Permite que los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes legales que han estado físicamente presentes en el país el 1 de enero de 2010 o antes, soliciten acción diferida y autorización de empleo por un periodo de tres años, a través de un nuevo programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres, siempre y cuando aprueben las verificaciones de antecedentes penales requeridas y cumplan otros criterios.
  • Amplía el uso de las exenciones provisionales por presencia ilegal para incluir

a los cónyuges e hijos e hijas de los residentes permanentes legales y a los hijos e hijas adultos de ciudadanos estadounidenses.

  • La excensión (waiver/ I-601A) se extiende a todos los miembros de la familia elegibles, lo cual ahora incluye hijos adultos y esposos de residentes legales permantentes (esto requiere una legislación que defina el término de “extrema dificultad”).
  • Para los familiares de ciudadanos o residentes legales que son parte o están tratando de enlistarse en el ejército.
  • Apoyo para víctimas de extorsión, trabajo forzado, fraude en contratos de trabajo en el extranjero y víctimas de tráfico de personas.
  • Reformas al sistema de inmigración en base al empleo como la extensión de la OPT (capacitación académica optativa) para los graduados de STEM (Ingeniería, Ciencias, Tecnología y Matemáticas); define el “conocimiento especializado” para L-1B (visa para profesionistas con especializaciones) a los empleados transferidos de una compañía a otra; más H-1B (trabajadores temporales con alta especialización) en la definición de empleos similares y un nuevo programa para atraer a emprendedores talentosos al país.

Lo negativo:

  • Programa de Enforzamiento Prioritario (Reemplaza a Comunidades Seguras), para deportar a individuos encontrados culpables de delitos criminales. Hasta ahora Comunidades Seguras ha sido utilizado como excusa para deportar a inmigrantes sin importar si han cometido delitos o no.

* Continúa el Programa 287g que permite la colaboración de las policías locales y la migra o ICE.

  • Excluye a los padres de Dreamers, a trabajadores del campo y la ciudad sin familiares cercanos que sean residentes legales o ciudadanos y de la comunidad lésbico gay.
  • La acción ejecutiva presidencial no beneficia a quienes carecen de lazos familiares inmediatos pero que son miembros de nuestra comunidad.

Aún no está claro si los padres con órdenes finales de deportación o que hayan reingresado después de la deportación pudieran ser elegibles para el programa. Al parecer, sí serían elegibles ya que no representan una prioridad bajo el nuevo memorándum del presidente.

  • Las personas que califiquen dentro de esta acción ejecutiva aunque pagarán impuestos, no tendrán ningún beneficio público como el de servicios de salud, etcétera.

Lo preocupante: 

Las nuevas prioridades de aplicación de la ley seguirán enfocadas a golpear a las comunidades migrantes ya que continúa la criminaclización de nuestras comunidades en el interior y en la frontera, lo que continuará la separación de las familias.

Prioridad 1: Personas no ciudadanas encontradas culpables de delitos agravados, sospechosos de terrorismo, miembros convictos de pandillas y personas arrestadas al tratar de cruzar la frontera.

Prioridad 2: Personas no ciudadanas con condenas por tres o más ofensas; personas no ciudadanas con condenas por delitos menores incluido conducir bajo la influencia del alcohol y personas arrestadas que hayan ingresado después del 1 de enero del 2014.

Prioridad 3: Personas no ciudadanas que hayan recibido una orden de deportación después del 1 de enero del 2014. Las personas que hayan ingresado en el 2014 van a ser sujetas a una estricta aplicación de la ley.

Lo grave:

  • Aumento de vigilancia en la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea asignar 20 mil agentes fronterizos adicionales además de una mayor militarización de la frontera.
  • Más programas contra la migración indocumentada como el Programa de Remoción de Criminales (Criminal Alien Removal Program- CARI), el cual se enfoca en latinos para su detención y deportación, así como redadas del ICE.
  • Continuación de las deportaciones expeditas y de la Operación Streamline.
  • No incluye reformas al sistema de detención de migrantes. La administración planea ampliar el número de cárceles privadas para migrantes. Continuará la detención de familias; el DHS abrirá un nuevo centro de detención en Dilley, Texas; continuará la detención de personas que buscan asilo.
  • Más personas morirán al tratar de cruzar la frontera; se preveen más violaciones a los derechos civiles y humanos en las comunidades fronterizas.

Conclusión:

El decreto presidencial no contribuye a resolver de raíz los problemas que generan la migración indocumentada, como el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la Iniciativa Mérida. Esta última ha jugado un papel crucial en la fallida guerra contra las drogas. Los mexicanos seguirán migrando mientras haya pobreza y violencia generada por políticas antidemocráticas en México.

La Red Mx considera que si el presidente finalmente dió este paso encaminado a proteger a menos de la mitad de las familias indocumentadas fue por la fuerte presión que durante más de 20 años hemos venido ejerciendo las organizaciones que luchamos por los derechos de los migrantes.

También obedece a que se aproximan las elecciones presidenciales del 2016. Si el presidente piensa que con esta acción ejecutiva tendrá muy contento al electorado latino, queremos recordarles que el voto latino vale más que las promesas cumplidas a medias.

Las leyes migratorias deben ser cambiadas al igual que las políticas de libre mercado para poder enfrentar las causas de la migración y para poder garantizar los derechos laborales, civiles y humanos de millones de personas de acuerdo con la asunción de que Estados Unidos es la nación más grandiosa del planeta.

Para más detalles sobre requisitos, recomendamos al público consultar el sitio oficial en español del DHS.

http://www.uscis.gov/es/accionmigratoria

La Red Mexicana fue fundada en el 2007 para coordinar y promover políticas públicas a favor de las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos y en sus lugares de origen. Está integrada por 40 organizaciones migrantes, así como individuos con liderazgo en la comunidad migrante en los estados de Texas, California, Illinois, Carolina del Norte, Virginia, Georgia, Nueva York, Nuevo México e Indiana, en estados Unidos. En la República Mexicana cuenta con representantes en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla Distrito Federal, Guanajuato, Durango Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala y Yucatán.

 

 

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